En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, el Departamento de Estado de EE.UU., además reiteró la impunidad del abuso contra la integridad física de nacionales y extranjeros por parte de agentes policiales.
«En los últimos años, el fiscal general procesó varios casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, aunque la mayoría aún no habían sido procesados en los tribunales y la capacidad del sistema legal para hacerlo con éxito seguía en duda», resalta el informe publicado este lunes en el apartado sobre corrupción y falta de transparencia del Gobierno.
El documento se hace público un día después que la Procuraduría General de la República apresara a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, exministros administrativo de la Presidencia, de Hacienda y Obras Públicas, respectivamente.
En la denominada operación Calamar fueron detenidas otras 20 personas mediante 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de investigación, 300 agentes de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos.
«El 28 de agosto, el juez coordinador del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional autorizó a PEPCA a avanzar la investigación de corrupción contra Donald Guerrero, ministro de Hacienda, durante el gobierno de Medina de 2016 a 2020», resalta el informe sobre las pesquisas contra el exfuncionario que iniciaron en 2021 y de las que se desprende su arresto en la madrugada del domingo.
El documento pone en evidencia que el Gobierno encabezado por Luis Abinader «implementó la ley de manera efectiva» y que la Pepca investigó a funcionarios presuntamente corruptos; sin embargo, la corrupción gubernamental sigue siendo un «problema grave en el país».
«El gobierno tomó medidas en algunos casos para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley a veces condujo a la impunidad», concluye el informe publicado este lunes.
Reviewed by Will
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marzo 21, 2023
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