Ley de armas permitirá a población civil usar fusiles, rifles y carabinas

SANTO DOMINGO. El proyecto de ley para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Armas blancas y Materiales relacionados, aprobado en la Cámara de Diputados recientemente, permite a los ciudadanos poder adquirir de manera legal pistolas, revólveres, escopetas, rifles y fusiles, de calibres diversos.
La pieza hace una clasificación de las armas entre prohibidas, restringidas y de uso civil. En este último renglón se incluye “todo tipo de pistolas y revólveres con los calibres 22, 25, 32, 38, 380, 9mm y 10, siempre y cuando no sean automáticas; escopetas calibres 12, 16, 20, 28 y 410; y carabinas y fusiles desde el calibre 0.117 de pulgada, y aquellos rifles y fusiles deportivos calibre 22, siempre y cuando sus características mecánicas no permitan disparar ráfagas.
Cuando los calibres de estas armas sean 357, 40, 44 y 45 serán considerados como tenencia especial, conforme se establece en el artículo 7 del proyecto, que perimió el domingo en el Senado, al concluir la legislatura.
La Ley 36, que rige en la actualidad el uso de armas en el país, establece en su artículo 15 que “toda persona podrá poseer un arma de fuego para la defensa personal y de sus intereses, siempre que llene los requisitos legales, y que a juicio del Ministro de Interior y Policía justifique la necesidad de su tenencia”. Pero agrupa como armas de guerra las pistolas calibre 45, fusiles, ametralladoras, carabinas, rifles y las piezas de artillería “y demás armas pesadas que sólo pueden ser importadas y poseídas por el Gobierno de la nación”.
Indica que las pistolas calibre 38 y los revólveres calibre 45, 44 y magnum 380 con características de armas de guerra sólo tendrán licencia para la tenencia.
La nueva iniciativa de ley propuesta por el diputado reformista, Víctor (Ito) Bisonó, ha sido criticada por algunos sectores que entienden que incentiva el uso de armas altamente letales en manos de la población. Tal es el caso del procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que entiende que el proyecto se presta más a regularizar la importación y comercialización que a prevenir la violencia.
Otros, como el sacerdote Luis Rosario, abogan por que se priorice una ley de desarme general de la población. “Este es un pueblo armado hasta los dientes, y así no puede haber convivencia civilizada”, dice el religioso.
Bisonó, de su lado, niega que el proyecto contemple poner en manos de la población armas automáticas, y atribuye a desconocimiento y confusión de terminología la interpretación que se ha dado.
“El espíritu de la ley no es dar arma automática a la gente, al contrario, lo prohíbe”, dice. Defiende que con su propuesta se da un paso gradual del porte a la tenencia, además de ajustar a tiempos modernos la legislación dominicana sobre armas, pues la Ley 36 data del 1965.
El diputado reformista se muestra poco optimista con la suerte que pueda seguir su iniciativa en la próxima legislatura, sobre todo porque será un año preelectoral. Teme que el proyecto quede dormido en el Senado, donde ha perimido en cinco ocasiones, en los diez años que tiene en estudio.
Sin embargo, para evitar un limbo, Bisonó se reunirá el próximo miércoles con el procurador Domínguez Brito a fin de buscar un consenso que permita una pronta aprobación.